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Aviso Legal

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2.- OBJETO.

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3.- ACCESO Y USO DEL SITIO WEB.

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4.- CONTENIDOS DE LA WEB.

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6. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD.

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– un mal funcionamiento del navegador.

– y/o del uso de versiones no actualizadas del mismo.

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7.- USO DE TECNOLOGÍA COOKIE.

El Sitio Web puede utilizar cookies o tecnologías similares que se regirán por lo dispuesto en la Política de Cookies, accesible en todo momento y respetando la confidencialidad y privacidad del Usuario, formando parte integrante del presente Aviso Legal.

8.- NAVEGACIÓN.

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9.- PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Usuario conoce y acepta que todos los contenidos y/o cualesquiera otros elementos del Sitio Web son propiedad de LVG Ceramic Surfaces, y se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de LVG Ceramic Surfaces. Cualquier uso del Sitio Web o de sus contenidos deberá tener un carácter exclusivamente particular.

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10.-APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE DENUNCIEN INFRACCIONES NORMATIVAS Y DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

Con la promulgación de esta Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que denuncien infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción, se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que denuncien infracciones del Derecho de la Unión (comúnmente conocida como «Directiva de denuncia de irregularidades»). El objetivo primordial de esta normativa es proteger a los ciudadanos que, en el marco de una relación profesional, denuncien infracciones del Derecho. La cooperación ciudadana es esencial para la eficacia de la ley, manifestándose no sólo en el cumplimiento de las obligaciones individuales, sino también en el compromiso colectivo con el buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Abundan los ejemplos de actuaciones cívicas que han puesto de manifiesto prácticas irregulares y corruptas, permitiendo investigaciones que, tras los oportunos procedimientos judiciales, han dado lugar a condenas penales. Sin embargo, es necesario reconocer que tales actos cívicos han tenido en ocasiones consecuencias adversas para quienes han denunciado tales prácticas, tales como presiones y represalias. Por tanto, es imperativo que el ordenamiento jurídico proteja a los ciudadanos que actúan con valentía en aras del interés público. Además, es crucial inculcar en la sociedad la conciencia de que las violaciones de la ley deben ser perseguidas y que no se deben tolerar ni silenciar.

  1. Ámbito material de aplicación.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección a las personas denunciantes de infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, protege a las personas físicas que, mediante cualquiera de los procedimientos previstos en la misma, denuncien lo siguiente:

  • Cualquier acción u omisión que pueda constituir una infracción del Derecho de la Unión Europea, siempre que:
  • Entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea enumerados en el anexo de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.
    Afecten a los intereses financieros de la Unión Europea, contemplados en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
  • Repercutan en el mercado interior, tal como se contempla en el artículo 26, apartado 2, del TFUE, incluidas las infracciones de las normas de competencia de la UE y las ayudas concedidas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con actos contrarios a las normas del impuesto de sociedades o las prácticas destinadas a obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable al impuesto de sociedades.
  • Las acciones u omisiones que puedan constituir infracción penal o administrativa grave o muy grave. Se entenderán incluidas todas las infracciones penales o administrativas graves o muy graves que supongan un perjuicio económico para la Hacienda Pública y para la Seguridad Social.

En concreto, la protección prevista en la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que denuncien infracciones normativas y lucha contra la corrupción es la siguiente:

  • No excluirá la aplicación de las normas relativas al proceso penal, incluidas las medidas de investigación.
  • Se entenderá sin perjuicio de la protección específica otorgada a los trabajadores que denuncien infracciones de la legislación laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo.
  • No será de aplicación a las informaciones que afecten a información clasificada ni a las obligaciones derivadas del secreto profesional de las profesiones médica y jurídica, del deber de confidencialidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o del secreto de las deliberaciones judiciales.
  • No será de aplicación a las infracciones en la tramitación de procedimientos de contratación que contengan información clasificada o que hayan sido declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución requiera especiales medidas de seguridad de acuerdo con la legislación vigente, o cuando así lo exija la protección de intereses esenciales para la seguridad del Estado.
  • No será de aplicación cuando se trate de información pública o revelación de alguno de los delitos contemplados en la Parte II del Anexo de la Directiva (UE) 2019/1937. En estos casos, se aplicarán las normas específicas sobre comunicación de delitos en dichas materias.
  1. Ámbito de aplicación personal.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que denuncien delitos normativos y contra la corrupción, será de aplicación a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre delitos en un contexto laboral o profesional, incluyendo en todo caso:

  1. Empleados públicos o por cuenta ajena.
  2. Trabajadores autónomos.
  3. Accionistas, partícipes, socios y miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos.
  4. Cualquier persona que trabaje para o bajo la supervisión y dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.

También se aplica a aquellas personas cuya relación laboral haya finalizado, voluntarios, becarios, personas en formación y personas en proceso de contratación o negociación precontractual.

  • Responsable del Sistema de Información Interna.

Este cargo lo ostentará la persona física designada expresamente por el órgano de dirección de la entidad, siendo su función principal la gestión de este sistema y la tramitación de los expedientes de investigación de acuerdo con el procedimiento de gestión de la información aprobado. Asimismo, existirá una figura, el Delegado del Sistema de Información Interno de LVG Superficies Cerámicas, que apoyará al Responsable del Sistema de Información Interno en la tramitación e investigación de las comunicaciones presentadas bajo este sistema (en adelante, ambas figuras se denominarán «Personal Autorizado»). En caso de incompatibilidad de alguno de los miembros del Personal Autorizado con la gestión de una comunicación concreta, dicha persona será excluida del procedimiento para evitar posibles conflictos de intereses.

  • Canal interno de información.

Con el fin de que las personas a las que se refiere el punto A.b. anterior puedan remitir información sobre las infracciones previstas en el punto A.a., LVG Superficies Cerámicas ha establecido un canal interno de información gestionado internamente. Las comunicaciones podrán realizarse por escrito cumplimentando el formulario que se adjunta como Anexo I, que deberá ser remitido a la siguiente dirección de correo electrónico: whistleblowing@livingceramics.com. Alternativamente, previa solicitud del informante a la misma dirección de correo electrónico, se podrá realizar una comunicación verbal mediante una reunión presencial a celebrar en el plazo máximo de siete (7) días naturales desde la solicitud. En este caso, se solicitará el consentimiento del informante para grabar la conversación y se le informará sobre el tratamiento de sus datos personales conforme a la normativa aplicable en materia de protección de datos. En ambos casos, se informará sobre los canales externos de denuncia de que disponen la Autoridad Independiente de Protección de Denunciantes y las autoridades u organismos regionales, nacionales o de la UE pertinentes. La información recopilada será confidencial y sólo será tratada por el personal autorizado para gestionar la comunicación. La información se almacenará en un fichero informático o libro de registro de acceso restringido al Personal Autorizado, respetando en todo momento los principios de protección de datos de carácter personal.

  • Procedimiento de gestión de la información.

Una vez enviada una comunicación a través del Canal Interno de Denuncias descrito anteriormente, se seguirán los siguientes pasos:

  1. El Personal Autorizado entregará al informante acuse de recibo en el plazo máximo de siete (7) días naturales desde la recepción del formulario cumplimentado o desde la reunión presencial, salvo que ello pueda comprometer la confidencialidad de la comunicación. Se informará a los informantes de los canales de información externa existentes.
  2. Se abrirá un expediente informativo para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, con audiencia individual de todos los implicados, testigos y demás personas relevantes, bajo la garantía de confidencialidad, presunción de inocencia y respeto a la protección de datos de carácter personal.
  3. La fase de investigación concluirá con un informe elaborado por el Jefe del Sistema de Información Interna, que se comunicará al denunciante. El informe incluirá
  4. Una exposición de los hechos denunciados.
  5. Justificación de si los hechos denunciados entran dentro del ámbito de protección de la Ley 2/2023. En caso afirmativo, se detallarán las actuaciones realizadas, las conclusiones alcanzadas y, en su caso, la propuesta de sanción disciplinaria y/o medidas correctoras. El informe se elaborará en el plazo máximo de tres (3) meses desde el acuse de recibo, salvo en casos de especial complejidad que requieran una ampliación del plazo.
  6. Si los hechos pudieran ser constitutivos de infracción penal, el Responsable del Sistema Interno de Denuncias remitirá inmediatamente la información al Ministerio Fiscal, y a la Fiscalía Europea si afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
  7. La persona afectada será informada de los actos u omisiones que se le imputan y será oída en cualquier momento, garantizando el correcto desarrollo de la investigación.
  8. La identidad de los informantes será confidencial y no se comunicará a las personas aludidas ni a terceros sin su consentimiento, salvo las excepciones establecidas por la normativa europea y española.
  9. La información recibida y la obtenida en las investigaciones internas se archivará en un libro de registro o carpeta informática de acceso restringido al Personal Autorizado, garantizando los requisitos de confidencialidad y los principios de protección de datos de carácter personal.Derechos y garantías del informante.

El informante tendrá las siguientes garantías en sus relaciones con el Personal Autorizado:

  1. Decidir si desea realizar la comunicación de forma anónima o no anónima.
  2. La identidad es reservada y no podrá ser revelada sin su consentimiento expreso a ninguna persona distinta del Personal Autorizado, salvo las excepciones reglamentarias.
  3. Formular la comunicación por escrito o verbalmente.
  4. Indicar un domicilio, dirección de correo electrónico y/o número de teléfono para recibir notificaciones.
  5. Comparecer ante el Personal Autorizado por propia iniciativa o cuando sea requerido para ello, asistido de abogado si lo estima oportuno.
  6. Ser asistido, si es trabajador de la entidad, por un representante legal de los trabajadores, si así lo desea.
  7. Ejercer los derechos que le confiere la legislación de protección de datos de carácter personal.
  8. Conocer el estado de tramitación de su comunicación y los resultados de la investigación.
  9. Realizar una comunicación a través del canal de información externo de la Autoridad Independiente de Protección de Denunciantes o a través de las autoridades u organismos correspondientes.
  10. No sufrir represalias en ningún caso.
  11. Recibir acuse de recibo en un plazo máximo de siete (7) días naturales desde la comunicación, salvo que ello pudiera comprometer la confidencialidad.
  • Evaluación y revisión.

El Personal Autorizado evaluará periódicamente el funcionamiento del sistema para sugerir modificaciones que mejoren su eficacia y adecuación a los casos planteados.

  • Difusión.

La existencia de este sistema será divulgada a todos los empleados y personas vinculadas a LVG Superficies Cerámicas. Se incluirá un acceso a este documento en su página web, facilitando la accesibilidad, conocimiento y uso del sistema y del canal de información interno.

11.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN COMPETENTE

El presente Aviso Legal se interpretará y regirá de conformidad con la legislación española. LVG Superficies Cerámicas y los Usuarios, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio del Usuario para cualquier controversia que pudiera derivarse del acceso o uso de la Web. En el caso de que el Usuario tenga su domicilio fuera de España, LVG Superficies Cerámicas y el Usuario, con renuncia expresa a cualquier otro fuero, se someten al de los juzgados y tribunales del domicilio de Vila-real.

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